Servicio de patrimonio documental e bibliográfico - Deputación de Pontevedra

LA COMISIÓN GESTORA A TRAVÉS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES. LOS LIBROS DE ACTAS

De la existencia de este órgano colegiado quedan hoy en día vestigios documentales que atestiguan su desarrollo, su composición y su actividad a lo largo de estas dos décadas. Así, podemos encontrar en el Archivo de la Diputación de Pontevedra diferentes tipologías documentales pertenecientes a este organismo organizadas en cuatro series documentales, a saber:

Libros de actas de la Comisión Gestora: recogen las actas de forma manuscrita, están encuadernados, firmados y con las oportunas diligencias de apertura y cierre. Están compuestos por la transcripción de las sesiones comunes, extraordinarias y supletorias. Esta serie fue objeto del estudio de evaluación documental:

Código de la serie: AP-17

Código de clasificación: 1.4.3

Fechas de extremas: 1931-1949 (serie cerrada)

Caracteres externos: formato libro o encuadernado, tamaño A3 en su mayor parte

Volumen: 20 libros

Conservación: serie de conservación total y permanente

Accesibilidad: acceso libre                                         

Publicación de la tabla de evaluación: DOG núm. 23, de 1 de enero de 2018        

Documentación digitalizada en su totalidad: acceso a través de ATOPO

LA COMISIÓN GESTORA A TRAVÉS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES. LOS LIBROS DE ACUERDOS

Mas allá de los libros de actas de la Comisión Gestora, existe otra tipología documental producida por este órgano colegiado: los libros de acuerdos de la Comisión Gestora. No obstante, si los libros de actas cubren todo el período de existencia de este órgano, los libros de acuerdos conservados tan sólo abarcan algunos años de la etapa franquista y son inexistentes para el primer período:

Libro de acuerdos de la Comisión Gestora: en ellos están recogidos, de forma manuscrita, encuadernados y firmados, con las oportunas diligencias de apertura y cierre, los acuerdos tomados en las diferentes sesiones de la Comisión Gestora entre 1942 y 1948. Componen esta serie, que fue objeto del estudio de evaluación documental, los índices y los libros registro de acuerdos.

Código de la serie: AP-18

Código de clasificación: 1.4.4

Fechas de extremas: 1942-1948 (serie cerrada)

Caracteres externos: formato libro o encuadernado, tamaño A3 en su mayor parte

Volumen: 4 libros

Conservación: serie de conservación total y permanente

Accesibilidad: acceso libre

Publicación de la tabla de evaluación: DOG núm. 23, de 1 de enero de 2018

Documentación digitalizada parcialmente: acceso a través de ATOPO

LA COMISIÓN GESTORA A TRAVÉS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES. EXPEDIENTES Y REGISTROS

Finalmente, otras tipologías documentales producidas por este órgano colegiado serán las siguientes:

Libros de registro de entrada de la Comisión Gestora: registran la entrada de los documentos dirigidos a este organismo:

Código de clasificación: 1.4.5

Fechas de extremas: 1931-1938 (serie cerrada)

Caracteres externos: libros manuscritos y encuadernados

Volumen: 4 libros

Conservación: serie de conservación total y permanente

Accesibilidad: acceso libre                                         

Documentación digitalizada: acceso a través de ATOPO

Expedientes de sesiones de la Comisión Gestora: recogen los borradores de las actas firmadas, así como antecedentes, oficios, convocatorias, notificaciones y comunicaciones y extractos de los acuerdos adoptados, entre otros.

Código de clasificación: 1.4.6

Fechas de extremas: 1934-1949 (serie cerrada)

Caracteres externos: agrupación documental compuesta

Volumen: 3 expedientes

Conservación: serie de conservación total y permanente

Accesibilidad: acceso libre

Documentación sin digitalizar: acceso a través de ATOPO

LA INSTAURACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA Y EL COMITÉ PROVISIONAL PROVINCIAL

En un intento por restituir la legalidad constitucional de la Restauración y apuntalar la monarquía borbónica, el Gobierno de Juan Bautista Aznar establecería un plan electoral en tres fases que contemplaba la convocatoria de elecciones municipales, provinciales y parlamentarias. Mediante el Real decreto de 13 de marzo se dispuso la realización de los comicios locales de 12 de abril de 1931 para la renovación de la totalidad de los ayuntamientos. No obstante, la victoria aplastante de las candidaturas republicanas en las capitales de provincia supuso la llegada de la Segunda República, y Vigo fue la primera ciudad en realizar su proclamación en la madrugada del 13 de abril. En el caso de la capital pontevedresa los monárquicos tan sólo conseguirían nueve actas, por siete de los republicanos, otras tantas para los agrarios, y dos actas para los socialistas y comunistas. De esta forma, en la sesión de 18 de abril de 1931 sería elegido Bibiano Fernández Osorio-Tafall alcalde del Ayuntamiento de Pontevedra, en representación de la Organización Republicana Gallega Autónoma.

Tras la proclamación del nuevo régimen se procedió a constituir juntas provisionales administrativas en todos los ayuntamientos de la provincia hasta la conformación de las corporaciones derivadas de los resultados electorales de 12 de abril, la proclamación de candidatos de conformidad con el artículo 29 de la Ley electoral de 1907 o el nombramiento de comisiones gestoras en aquellos casos en los que se hubiesen impugnado las elecciones y las proclamaciones de candidatos.

En el caso de la Diputación Provincial, en la sesión del día 15 se constituyó un comité provisional conformado por cuatro miembros. Éste tendría una corta existencia, sólo una semana, hasta la definitiva constitución de la Comisión Gestora. El comité estaría compuesto por Amancio Caamaño Cimadevila, José Echeverría Novoa y Maximiliano Pérez Prego, en representación de la ORGA-FRG, y Federico Selgas Guillén, del PSOE. La presidencia recaería en Amancio Caamaño Cimadevila, que se convirtió en el primer presidente de la Diputación de Pontevedra durante el período de la Segunda República.

EL DECRETO DE 21 DE ABRIL Y LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA

Una vez establecido el nuevo régimen, el Gobierno provisional de la República aprobará el Decreto de 21 de abril por el que se regirá la conformación de las diputaciones provinciales durante el período republicano. Éstas se conformarán mediante el nombramiento por parte del gobernador civil de una comisión gestora que se encargará de los asuntos y de la administración provincial de forma interina. Estará conformada por tantos diputados como distritos provinciales, para lo cual serán elegibles únicamente los concejales de cada uno de estos distritos.

Por tanto, en la sesión de 25 de abril de 1931, el gobernador civil, Vicente Varela Radío nombrará a los miembros de la nueva Comisión Gestora, que "regirán los destinos de la provincia, deseando que su celo y actividad lo pongan a contribución en beneficio de la República naciente para su consolidación, y mirando siempre al engrandecimiento de Pontevedra".

La Comisión Gestora quedaría compuesta por seis miembros: por el distrito de Pontevedra, Bibiano Fernández Osorio-Tafall, militante de la ORGA-FRG; por el distrito de Vigo-Tui, sería nombrado Augusto Loredo Martínez, del PSOE; por el Partido Judicial de Ponteareas-A Cañiza, el socialista Benito Casasnovas Rodríguez; por el distrito de Redondela-Ponte Caldelas, Pedro Otero Sestelo; por el Partido Judicial de Caldas-Cambados, Elpidio Villaverde Rey, miembro de la ORGA-FRG; y, finalmente, en representación del distrito de A Estrada-Lalín, Manuel Ferreiro Panadeiro, también de la FRG.

La presidencia recaería en el alcalde orguista de Pontevedra, Bibiano Fernández Osorio-Tafall, y la vicepresidencia en el concejal socialista vigués Augusto Loredo Martínez. Este último se dirigirá al gobernador civil en agradecimiento por su designación manifestando que "pondrán en el desempeño del cargo de que acaban de posesionarse todo el entusiasmo de que son capaces para formar una nueva España que responda a las esperanzas que el pueblo tiene depositadas en la implantación de la República".

EL DECRETO DE 2 DE MAYO Y LA AMPLIACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA

No obstante, esta conformación de la Comisión Gestora no será la definitiva, ya que el Gobierno provisional de la República aprobará el Decreto de 2 de mayo de 1931, que ampliará el de 21 de abril, sobre las normas que regirán a respecto de la conformación de las comisiones gestoras provinciales. En el artículo primero de ese nuevo decreto se establecía que, "cuando no lleguen a tres los Diputados provinciales en representación del distrito de la capital, podrán ampliarse hasta este número, si así lo solicita la comisión gestora". En su artículo tercero se indicaba que "en el caso de que por especiales razones el Gobernador no estimase procedente designar el nuevo o los nuevos Diputados provinciales de la Comisión gestora de entre los Concejales, requerirá a la Junta del Colegio de Abogados y a la Junta de la Cámara de Comercio para que cada una de ellas proponga uno de sus miembros para el cargo de Diputado provincial". De este modo, y como consta en el acta de la sesión de 25 de mayo de 1931, la Comisión Gestora provincial acordará, el 6 de mayo, la designación de dos nuevos diputados provinciales, que serán proclamados por parte del gobernador civil. Estos dos nuevos miembros de la gestora serán Vicente García Temes, como representante del Colegio Oficial de Abogados y perteneciente al PRRS-FRG, y Amancio Caamaño Cimadevila, a propuesta de la Cámara de Comercio y militante de la ORGA-FRG. Además, también será designado Arturo Rey Juncal, de la ORGA-FRG, en sustitución del cesante Bibiano Fernández Osorio-Tafall. En esa misma sesión serán elegidos los cargos, y la presidencia de la Diputación recaerá en Amancio Caamaño Cimadevila y la vicepresidencia en Augusto Loredo Martínez.

Esta corporación actuará hasta la sesión de 22 de julio de 1932, aunque con el paso del tiempo sufrirá algún cambio en lo que respecta a los cargos de ésta. Amancio Caamaño Cimadevila renunciará en la sesión del 11 de marzo de 1932, y Augusto Loredo Martínez ejercerá la presidencia accidental hasta la sesión de 8 de abril. Éste fallecerá, por lo que la presidencia pasará a ser ocupada por Vicente García Temes hasta la remodelación de la corporación en la sesión del 1 de agosto de 1932.

LA COMISIÓN GESTORA DURANTE EL BIENIO REFORMISTA

A pesar de la frenética actividad legislativa del bienio reformista, en lo relativo a las diputaciones provinciales no se introdujeron grandes novedades. Más allá de los ya citados decretos de 21 de abril y de 2 de mayo de 1931 cabe destacar el Decreto de 16 de junio de ese mismo año, en el que se declaraban subsistentes algunos de los capítulos del Estatuto provincial y se restablecía la vigencia de la Ley provincial de 1882. Aun así, si desde el punto de vista legislativo no hubo grandes reformas, desde el punto de vista organizativo los cambios se sucedieron con cierta asiduidad. Esto es, durante el período del bienio reformista la corporación provincial sufrió dos grandes modificaciones en su composición con su respectiva reorganización parcial para cubrir las vacantes producidas en el transcurso de su período de actividad.

La primera gran modificación tiene lugar en la sesión de 1 de agosto de 1932, dada la renuncia de los miembros de la corporación. A pesar de ello, cinco de los seis dimisionarios volverán a ser designados, por lo que las únicas novedades serían los nombramientos de José M. Rodríguez Seijo, del PRG, Waldo Gil Santostegui, del PSOE, y Joaquín Poza Juncal, del PRG, en sustitución de Manuel Ferreiro Panadeiro, Augusto Loredo Martínez y Amancio Caamaño Cimadevila. Esta gestora actuará hasta su renovación en mayo de 1933, con algunas pequeñas modificaciones por las renuncias de Pedro Otero Sestelo y Joaquín Poza Juncal, que serán sustituidos por Abdón Martínez Orge y Joaquín Maquieira Fernández. Durante todo este período la presidencia recaerá en Vicente García Temes y la vicepresidencia en Waldo Gil Santostegui.

La segunda modificación importante tendrá lugar en la sesión del 29 de mayo tras el cese de Arturo Rey Juncal, José M. Rodríguez Seijo y Abdón Martínez Orge por "haber desaparecido las causas que motivaron sus nombramientos". Serán sustituidos por Luís de Santiago Graña, Manuel Ferreiro Panadeiro y Antonio Pousada Pérez. Posteriormente, en octubre de 1933, serán nombrados Francisco J. Puig Llamas y Ramiro Moure Moure, del PRR, en sustitución de Waldo Gil Santostegui y Vicente García Temes. Durante todo este período la presidencia recaería en Joaquín Maquieira Fernández y la vicepresidencia en Elpidio Villaverde Rey.

LAS ELECCIONES DE 1933: EL CAMBIO RADICAL

Tras las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre de 1933 se iniciará un cambio de rumbo en la política estatal, provincial y local. Las prerrogativas concedidas a los gobernadores civiles en materia político-administrativa los capacitaba para cesar y designar tanto a los concejales como a los diputados provinciales. La victoria de las derechas en estos comicios supondrá, mediante la aplicación de estas prerrogativas, el cambio o modificación de la mayoría de las corporaciones de elección popular de la provincia, especialmente tras los acontecimientos revolucionarios de octubre de 1934, aunque ya se venía produciendo desde principios de ese año.

De igual modo, la Comisión Gestora provincial sería reconstituida para adaptar su composición a la orientación ideológica del nuevo Gobierno. Será durante el segundo Gobierno de Alejandro Lerroux cuando se produzca la constitución de la nueva Comisión Gestora, concretamente en la sesión de 5 de enero, bajo la presidencia del gobernador civil Víctor Manuel Becerra Herráiz. Esta reconstitución se realizaba de conformidad con el Decreto de 4 de enero, en el que se establecía que el "Gobernador civil de cada provincia procederá a reorganizar la Comisión gestora (...) en la forma que preceptúan los decretos de 21 de abril y 2 de mayo de 1931". La nueva corporación quedaba compuesta por los radicales José Viñas del Monte —presidente—, Adolfo Llovo Pérez —vicepresidente—, Ramiro Moure Moure, Ramón Domínguez Ferradás, Pedro Varela Castro y Benjamín Quinteiro Martínez, el cedista Manuel Casqueiro Paz y el agrario Manuel Solla Fontenla. Durante su período de actividad la comisión sufrirá algunos cambios, como la designación, en febrero de 1934, de Antonio Tapia Seoane y Manuel Romero Fernández en relevo de Manuel Casqueiro Paz y Ramiro Moure Moure, o el nombramiento, en marzo de 1935, de José Manuel Costas Iglesias en sustitución de Manuel Romero Fernández. Además, tras la muerte de José Viñas del Monte, será elegido como presidente, en la sesión del 28 de octubre, el radical Ramón Domínguez Ferradás.

LA COMISIÓN GESTORA ANTE LA OPERACIÓN CENTRISTA DE PORTELA VALLADARES

Con la conformación de un nuevo gobierno en la Administración central en diciembre de 1935, la Comisión Gestora volvería a ser renovada, tal como sucedía cada vez que se producía un cambio en el Gobierno republicano. Dada la ausencia de una ley de bases del régimen local y las prerrogativas de los gobernadores civiles en esta materia, la conformación de las corporaciones por vía ejecutiva se convirtió en una herramienta con la que influir en la vida política municipal y provincial.

El nombramiento de Portela Valladares como presidente de la República supuso un intento de evitar la polarización política, fenómeno creciente durante los últimos años del régimen republicano. Tras su nombramiento pondría en marcha una operación política con la que pretendía crear un marco institucional favorable a la opción centrista que él representaba de cara a las elecciones de febrero de 1936. Entre las acciones encaminadas a conseguir tal fin, Portela designó a Armando Peñamaría Álvarez como nuevo gobernador civil de la provincia, remodeló un tercio de las corporaciones locales y modificó la Comisión Gestora provincial.

En la sesión de 31 de diciembre de 1935 el nuevo gobernador civil indica que es "necesario reorganizar la Comisión Gestora de la Excma. Diputación Provincial, dando entrada a elementos que la renueven y cubriendo las vacantes que en la actualidad existen (y) cesen en el ejercicio de sus funciones los vocales que en la actualidad la constituyen". La nueva comisión estaría formada por los radicales Luís Fontaíña Serrapio y Ramón Domínguez Ferradás y el cedista Celso López Blanco, por Pontevedra; el radical Pedro Varela Castro, por A Estrada-Lalín; el agrario Manuel Romero Fernández, por Vigo-Tui; por el distrito de Caldas-Cambados, Juan Vidal Fraga, de IR; Camilo Facorro González, por el distrito de Ponteareas-A Cañiza; y, finalmente, por el distrito de Redondela-Ponte Caldelas, Rafael Rodríguez Álvarez. La presidencia recaería en Luis Fontaíña Serrapio y la vicepresidencia en Pedro Varela Castro, hasta la nueva reconstitución de la Gestora en marzo de 1936.

EL FRENTE POPULAR Y LA ÚLTIMA COMISIÓN GESTORA REPUBLICANA

Para los comicios parlamentarios de febrero de 1936 la operación centrista de Portela Valladares no fue el único proyecto político que se forjó en los últimos meses de 1935. Ante la derrota electoral de 1933 y la evidencia de que la Ley electoral perjudicaba la división partidaria, las fuerzas de izquierdas se agruparon en el conocido como Frente Popular. Y será este proyecto, y no el centrista, el que ganará las últimas elecciones democráticas de la etapa republicana.

Tras su victoria electoral, el Frente Popular restituyó las corporaciones municipales de sufragio popular y, en los casos en los que esto no fue posible, designó nuevos concejales interinos o nuevas comisiones gestoras. De igual modo, y según consta en la sesión de 9 de marzo "la renovación de la Comisión Gestora era una resultante obligada de las elecciones generales ya que en estas corporaciones precisaba reflejarse autenticamente la voluntad popular [siendo] un imperativo de respetuoso acatamiento a la soberanía popular". Para tal fin, serían designados, por el distrito de la capital, José Adrio Barreiro —presidente—, de UR, Manuel García Filgueira, del PCE, y Maximiliano Pérez Prego, de IR; por el Partido Judicial de Vigo-Tui, Enrique Blein Budiño —vicepresidente—, de IR; en representación del distrito de Redondela-Ponte Caldelas, el agrario Gabino Castro Estévez; el distrito de Caldas de Reis-Cambados estaría representado por José Núñez Búa, del PG; por A Estrada-Lalín, Manuel Coto Chan, del PSOE; y, finalmente, Ramón Troncoso Fernández, del PSOE, en representación de Ponteareas-A Cañiza . No obstante, en la sesión de 26 de marzo se reconstituirá la corporación debido a la dimisión de varios de sus miembros, nombrando "elementos de los mismos partidos (...) con lo cual la estructura ideológica de la corporación provincial no sufre variación alguna". Éstos serían Ramiro Paz Carbajal, del PSOE, y Pastor Candeira Álvarez, de IR. La presidencia recaerá en Maximiliano Pérez Prego y la vicepresidencia en José Núñez Búa, que ejercerán el cargo hasta el golpe militar.

LA DEMOCRACIA TRAICIONADA: EL GOLPE MILITAR Y EL DELEGADO-PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

La última sesión de la corporación provincial del período democrático de la Segunda República tendrá lugar el 17 de julio de 1936, justo cuando las tropas militares destacadas en Marruecos iniciaban la sublevación militar contra el poder legítimo y legalmente establecido. El golpe de Estado puso fin a la primera experiencia democrática del país y, como no podía ser de otra forma, afectó a la composición de la Comisión Gestora provincial, que sería sustituida por un presidente-delegado.

Así, en la sesión de 24 de julio, "proclamado por el Ejército un movimiento nacional tendente a la salvación de los principios de orden, autoridad, disciplina social y patriotismo, y de las esencias civilizadoras de nuestra cultura, del ¡Viva España!, las fuerzas militares de esta plaza, en solidaridad entusiasta con las restantes guarniciones de Galicia, declararon el día veinte del actual el Estado de Guerra haciendo conocer el Bando del Jefe de la 8ª División Orgánica que, a los efectos legales, se consideraba publicada a las veinte horas del mismo día, sometiendo rapidísimamente las resistencias iniciadas en esta Capital, antes de la salida de la artillería; desalojando a los elementos populares armados que se mantenían en rebeldía en los palacios de la Diputación y del Ayuntamiento; disolviendo los grupos callejeros; desposeyendo de sus cargos al Gobernador Civil y al Alcalde de la Capital; y nombrando seguidamente nuevas autoridades".

De esta forma, se decreta "la suspensión del ejercicio de sus cargos de los Gestores que en la actualidad forman la Comisión de la Excma. Diputación Provincial, y, a fin de que no sufra interrupción la vida administrativa provincial, nombro Delegado para que la controle, despache los asuntos de trámite y atienda especialmente a los cobros y pagos indispensables e indiferibles (...) a Don Rafael González Fernández". Éste ejercería ese cargo hasta la recomposición de la Comisión Gestora en diciembre de 1936 bajo a nueva legalidad golpista.

LAS INSTRUCCIONES DE 5 DE OCTUBRE Y LA NUEVA COMISIÓN GESTORA

Tras el período inicial en el que la Diputación provincial fue dirigida por un órgano unipersonal en la figura del delegado-presidente, las nuevas autoridades militares aprobarían las Instrucciones de 5 de octubre, para el desarrollo de los cometidos asignados en el artículo tercero de la Ley de 1.° de octubre último. En la quinta instrucción se indicaba que "por el Gobernador General se revisará la constitución de las Comisiones Gestoras de las Diputaciones provinciales, procurando que éstas estén constituidas por representantes destacados de las Cámaras Agrícolas, Cámaras de Comercio e Industria y de las de Navegación en las provincias del litoral, bien entendido que la ideología de los que acrediten en tal cometido a dichas entidades deberán ser personas de eficiencia en su labor y carentes de significado político, aceptando en último extremo el de tendencias afines a la causa nacional. Independientemente de las aludidas, formarán parte de dichas Corporaciones provinciales los elementos destacados que se estimen indispensables para la gestión administrativa y cuya solvencia moral sea notoria".

De esta forma se procederá, en la sesión de 15 de diciembre de 1936, a la constitución de la nueva Comisión Gestora, que estaría conformada por trece miembros: en la presidencia continuará Rafael González Fernández-Besada y la vicepresidencia será ocupada por Javier Puig Llamas. Los acompañarían Jacobo Rey Daviña, Antonio Fernández Torres, Ángel Núñez García y Francisco Baquero Pérez, en representación de las cámaras de comercio; José Lino Sánchez y José Franco Montes, en representación de las cámaras de la propiedad urbana; Estanislao Durán Gómez, por el distrito de Vigo-Tui; Frutos Cerecedo Lapatza, por el distrito de Caldas-Cambados; Mauricio Troncoso Penedo, por el distrito de Ponteareas-A Cañiza; Francisco Cunqueiro Montenegro, por el distrito de Redondela-Ponte Caldelas; y Pedro Gil Crespo, por el distrito de A Estrada-Lalín. En agosto de 1937 pasará a ocupar la presidencia Javier Puig Llamas, cargo al que renunciará el 10 de agosto de 1938.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN TOTALITARIO

Según avanzaba la guerra civil, en aquellos territorios ocupados por las fuerzas sublevadas se iban institucionalizando y normalizando los nuevos poderes políticos. Para tal fin, se aprobó la Orden de 20 de octubre de 1937, en la que se indicaba que "hasta tanto que los trabajos encaminados a dar la organización adecuada al Nuevo Estado totalitario toquen a su fin, se hace preciso tener un control exacto sobre la Administración Local Española, que parte tan activa tiene en la vida ciudadana y debe tener en la propulsión de las nuevas normas y principios que han de regirla, y con el fin de que tanto los Ayuntamientos como las Diputaciones se regenten por personas no sólo afectas al Movimiento Nacional sino que sintiéndolo hondamente aporten al mismo en todos sus aspectos e intensidad lo que él requiere, se hace preciso dictar las pertinentes instrucciones para llevar a cabo la designación de las personas que han de cubrir las vacantes que hoy existen y retomar la revisión de la Constitución de las Comisiones Gestoras actuales". Además, en su artículo quinto se establecía que los nuevos gestores debían tener "reconocida solvencia moral y conducta intachable [y] nunca podrán recaer sobre personas que hayan pertenecido a organizaciones políticas integradas en el Frente Popular". Asimismo, indicaba que era conveniente "para ir dando realidad a los anhelos nacionales de que participen en los organismos y servicios del Estado los componentes de FET de las JONS".

Por tanto, en la sesión de 7 de octubre de 1938 se constituiría la nueva Comisión Gestora de acuerdo con las normas citadas. Tal como indicaba el artículo cuarto, se designó un total de siete diputados: Jacobo Rey Daviña —presidente—, Luís de Toledo Freire —vicepresidente— como representante de la FET-JONS, César García Solís, José Franco Montes, Felipe Castro Valladares, Alfredo Espinosa Orres y Juan Esteiro Alján. Tras la dimisión de Jacobo Rey Daviña será elegido presidente el representante del Partido Único, Luís de Toledo Freire, que ejercerá el cargo hasta la reconstitución de la Comisión Gestora en noviembre de 1939, tras finalizar la guerra civil.

EL FIN DE LA GUERRA Y LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Tras la finalización de la contienda bélica y la victoria de los sublevados se procedió a la normalización y regularización del nuevo régimen político. Esta regularización afectó también a las administraciones locales, incluidas las diputaciones provinciales. No obstante, y a pesar de la publicación de la Orden de 21 de junio de 1939, no se contemplaron modificaciones con respecto a las comisiones gestoras provinciales, ya que estando "pendiente de promulgación la Ley de gobierno y administración local, se hace preciso mantener, mientras tanto, aquel sistema, con ligeras modificaciones aconsejadas por la experiencia". Por tanto, las sucesivas renovaciones de la Comisión Gestora tras el fin de la guerra civil se harían de conformidad con la Orden de 30 de octubre de 1937 hasta que la aprobación de la Ley de bases del régimen local de 1945 finalizase con este órgano colegiado transitorio.

Así pues, será en la sesión de 4 de diciembre de 1939 cuando se produzca la reconstitución de la corporación, ya que, como se indica en la propia acta, "es básico en el Nuevo Estado que alumbró el Glorioso Movimiento Nacional, prestar atención preferente a la regularización de la Administración Pública, en sus diferentes aspectos, y como norma genérica la organización que la vida ciudadana impone en todas sus funciones y servicios dependientes del Estado y con toda austeridad ha de sentirse y practicarse". Esta nueva corporación continuaría siendo presidida por el representante del Partido Único FET-JONS, Luís de Toledo Freire, acompañado en la vicepresidencia por Felipe Castro Valladares y, como vocales de ella, por César García Solís, Manuel Fontoira Peón, José Antonio Antrán Flórez, Germán Rodríguez de Dios y Aureliano Virgós Pintos. A lo largo de su actividad sufriría un único cambio con la designación, el 13 de diciembre de 1939, de Eduardo Rodríguez Fontenla en sustitución del dimitido Germán Rodríguez de Dios.

Esta composición de la Comisión Gestora se mantendría hasta inicios de 1941, cuando en el mes de enero se renovaría casi por completo, otorgándole un mayor peso y control al Partido Único, en un proceso de fascistización que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

LA FASCISTIZACIÓN Y LA HEGEMONÍA NACIONAL SINDICALISTA

La década de los años cuarenta es el período en el que se produce la institucionalización de la dictadura franquista y de su poder político y administrativo. Paralelamente a esta institucionalización, el partido fascista FET-JONS se irá haciendo con el control hegemónico de las estructuras del Estado tras su creación mediante el Decreto de unificación de 20 de abril de 1937. Este proceso también se observará en la Administración local y provincial, en la que cada vez tendrá un mayor peso y control.

En lo que respecta a la Diputación de Pontevedra, observamos este proceso de fascistización de forma clara, pasando de unas primeras comisiones gestoras formadas por miembros "carentes de significado político" a otras con un control total y hegemónico del partido único. Tal como expresa el gobernador civil de la provincia en la sesión constitutiva de 22 de enero de 1941 "para ejercer cargos de gobierno o de administración en el aspecto político no es suficiente capacidad, preparación y hombría de bien, es preciso llevar a las corporaciones el estilo y el ímpetu revolucionario de la Falange".

De esta forma, en dicha sesión será constituida una nueva corporación provincial manteniendo la presidencia inalterada en la figura del falangista Luís de Toledo Freire. Estará acompañado por el vicepresidente Rafael Picó Cañeque y los vocales Manuel Fontoira Peón, Carlos Anabitarte Romero, Ramón González Babé, Casiano Peláez Merino y Fernando Lorente Sanjurjo. Según consta en la propia acta de constitución, los diputados provinciales entrantes pertenecían al partido fascista FET-JONS, tal como indica el presidente de la corporación. Al tomar posesión del cargo toma la palabra y se felicita "por vuestra designación, pues sé por anticipado que vuestra condición de falangistas y por las dotes personales que poseéis, hemos de realizar una tarea tan precisa como exigen de nosotros la confianza con que se nos ha honrado y el servicio indeclinable de Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista".

LA LEY DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL DE 1945 Y LA DESAPARICIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA

La última Comisión Gestora será la más duradera en el tiempo en toda la existencia de este órgano colegiado, ya que se mantendrá prácticamente inalterada hasta el 22 de abril de 1949, última sesión en la que actúa este ente antes de la constitución del Pleno emanado de la nueva Ley, de 17 de julio de 1945, de bases del régimen local y de los comicios electorales corporativos de 20 de marzo de 1949. Aun así, durante este largo período de ocho años habrá dos incorporaciones a la Comisión Gestora en sustitución de las vacantes ocasionadas por las renuncias de Luís de Toledo Freire y Fernando Lorente Sanjurjo. Sus sustitutos serán José Alcántara Fernández y José García Señoráns Ferreirós. Además de estas modificaciones, la corporación tendrá, a pesar de no reconstituirse durante ocho años, tres presidentes diferentes: Luís de Toledo Freire desde su constitución en enero de 1941 hasta el 7 de julio de 1942, cuando será sustituido por Rafael Picó Cañeque, que ostentará el cargo hasta el 16 de junio de 1948. En esa sesión se hará cargo de la presidencia Manuel Fontoira Peón, que conservará ese cargo de forma temporal hasta el 10 de agosto de 1951. Así pues, se convertirá en el último presidente de la Comisión Gestora y el primero en ejercer ese cargo en el Pleno de conformidad con la Ley, de 17 de julio de 1945, de bases del régimen local.

De esta forma finalizaba la existencia de la Comisión Gestora tras dieciocho largos años de existencia, pese a ser creada como un órgano de vigencia transitoria. En este período temporal la corporación tendría un total de quince presidentes: nueve durante los cinco años del período republicano y seis durante la etapa del primer franquismo. Su desaparición se daría tras la aprobación de la Ley de bases del régimen local, el mismo año en el que finalizaría la Segunda Guerra Mundial. La derrota del III Reich inauguraba una nueva etapa histórica marcada por la Guerra Fría, que facilitaría la aceptación del régimen franquista en el escenario internacional. La derrota del nacionalsocialismo provocará la progresiva desfascistización, coincidiendo con una nueva etapa institucional en las diputaciones provinciales, que verían reinstaurado el Pleno como órgano colegiado elegido a través del sistema de elección de los tercios familiar, sindical y corporativo.